Desde la Asociación Canina Nacional ACCAM os informamos sobre las novedades que se conocen sobre la nueva Ley de Bienestar Animal y lo que opinan los expertos en distintas materias sobre el borrador que aún no entra en vigor.
El borrador provisional de esta Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales está provocando duras críticas por parte de científicos y ecologistas, generando muchas dudas entre los propietarios de mascotas, indignando al sector de la caza por exigir su retirada y desconcertando al sector veterinario por no haber sido consultados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En este borrado prima el cuidado de los animales callejeros por encima de la conservación de la fauna silvestre, plantea cursos obligatorios para dueños de perros y prohíbe tener a los animales de compañía en balcones y terrazas, además de prohibir las camadas en casa.
«Echamos en falta en el desarrollo de esta ley la participación de los veterinarios, los únicos profesionales con formación universitaria en este ámbito y sin duda los que podrían haber aportado un mayor enfoque científico y empírico. Un claro ejemplo de ello, entre muchos otros que podríamos aportar, sería el de la esterilización obligatoria de hurones que se den en adopción, cuando numerosos estudios de veterinarios especialistas en pequeños mamíferos lo desaconsejan en esta especie porque en la mayoría de los individuos se produce después una enfermedad adrenal que puede ser fatal para los animales», explica la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Teresa López Hernández.
«Un veterinario es un licenciado o un graduado superior, y no hay una titulación superior que pueda impartirnos conocimientos en cualquiera de nuestros ámbitos de actuación, así que no comprendemos la necesidad de una acreditación en comportamiento animal posterior a haber obtenido el título», la presidenta de los veterinarios de la Región habla sobre los cursos y evaluaciones que plantea el nuevo texto legal, que no aclara cómo ni quién impartirá dichos cursos.
«Da la sensación de que la ley pretende imponer una visión sesgada, hacia perros y gatos, e intransigente del animalismo por encima del conocimiento científico y técnico en la materia, que deben aportar veterinarios, etólogos y expertos en biología de la conservación, en una suerte de inesperado y preocupante negacionismo», el biólogo Jorge Sánchez se lamenta, técnico de fauna y proyectos de conservación de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).
Este curso será «gratuito y de validez indefinida», obligatorio tanto para propietarios de perros como para dueños de otras especies de animales de compañía. Estos cursos de tenencia responsable serán impulsados por el Ministerio que establecerá convenios con las administraciones públicas, aunque aún no se aclara ni detalla quién impartirá esta formación.
«Desconocemos quién y cómo se impartirán. Volvemos a reivindicar que somos la profesión con mayor cualificación al respecto», comenta la presidenta de los veterinarios de la Región.
Será obligatorio un seguro de responsabilidad civil, cuya cobertura se establecerá reglamentariamente.
Se prohíbe «dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos». En el caso de los perros, «este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas». En un apartado del mismo artículo se excluye a los animales que «suelan estar sin supervisión» porque se utilizan en «actividades específicas y se desenvuelvan de forma independiente y sin la supervisión de la persona titular o responsable de su tenencia», aunque estos deberán estar equipados con un dispositivo de geolocalización.
La nueva ley prohíbe «mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos». Esta es una práctica especialmente dañina en épocas de calor y en comunidades de la mitad sur de la península que atenta contra el bienestar de las mascotas.
Según la ley, la castración solamente será obligatoria en los perros que sean entregados en adopción por entidades de protección animal o por centros públicos. En cualquier caso, sí que será obligatorio evitar la reproducción incontrolada y sólo podrán criar perros los propietarios registrados como criadores.
La Ley 50/1999 queda derogada en su totalidad; por tanto, desaparece la lista de perros potencialmente peligrosos. Una prueba de sociabilidad evaluará de forma individual la peligrosidad de cada perro. «En cuanto a la evaluación de la sociabilidad, tampoco hemos encontrado un desarrollo de cómo va a ser ni por quién se va a realizar, así que es complicado valorar su viabilidad de momento. En cualquier caso, volvemos a reivindicar el papel de nuestra profesión como la única con conocimientos universitarios necesarios respecto a animales de compañía», advierten desde el Colegio de Veterinarios.
No. Esta Ley establece expresamente que «la actividad de la cría de animales de compañía solo podrá llevarse a cabo por personas inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía».
Los propietarios están obligados a «comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de 48 horas desde que se produzca; la falta de comunicación dentro del plazo señalado será considerada abandono, salvo prueba en contrario».
Una enmienda del PSOE a esta ley plantea la exclusión de los animales empleados en actividades deportivas -como son las palomas de las competiciones de colombicultura, de gran arraigo en la Región de Murcia-, además de los perros de caza, rehalas, aves de cetrería y animales auxiliares. Pero el Colegio de Veterinarios de Murcia no está de acuerdo: «Consideramos que si se redacta una ley de animales de compañía, ésta debería recoger a todos los animales pertenecientes a una misma especie, ya que no tiene sentido discriminar a individuos de una misma especie dependiendo de su funcionalidad; debería hacerse una ley que sea viable cumplir en todos los casos».
Se establece la obligatoriedad para los propietarios de «identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía».
La mayor parte de la responsabilidad recado sobre los ayuntamientos, algo que en la Región ya estaba legislado por la ley autonómica 6/2017. El biólogo Jorge Sánchez critica que se plantee «una protección estricta de los gatos y las colonias felinas con el argumento contradictorio de reducir progresivamente su población manteniendo su protección como animales de compañía». Sánchez recuerda la «importante predación» de fauna urbana y silvestre por los gatos domésticos, especialmente preocupante «en las islas».
La lista de animales que se pueden considerar de compañía no está publicada, se encuentra a expensas de un desarrollo reglamentario. Por tanto, se desconoce a qué animales afectará finalmente, aunque se prevé la prohibición de algunas especies de aves -como cotorras argentinas-, peces y reptiles invasores.
Perros, gatos y hurones desaparecen de los escaparates de tiendas de animales, excepto ejemplares en adopción mediante acuerdos con protectoras. Solo se permite la venta desde un criador autorizado.
«La ley es un despropósito. Lo está siendo en su tramitación y lo es en su contenido», comenta el senador del Partido Popular Juan María Vázquez desde su condición de doctor en Veterinaria y catedrático de la UMU en Medicina y Cirugía Animal. «Contempla categorías de animales que ni existen ni define el texto legislativo, por lo que la inseguridad va a estar generalizada dada la interpretación jurídica imprecisa».
«La obsesión en las mal llamadas colonias felinas tendrá un impacto directo sobre la pérdida de biodiversidad, como está científicamente demostrado. Bien como consecuencia de la pérdida directa de otros mamíferos, aves, reptiles u otros animales; como consecuencia de cruces indeseables, por ejemplo, con el gato montés; o bien como vector de transmisión de enfermedades, incluso con impacto en salud pública al poder ser origen de zoonosis y transmisión de enfermedades a las personas».
«Por otro lado, los listados de animales permitidos que plantea la ley impedirán que particulares puedan criar especies más allá de periquitos. Esto restringe la costumbre de miles de murcianos de seguir disfrutando de la cría de aves u otras especies». Vázquez hace mención a las «más de 6.000 alegaciones a las que no dieron contestación alguna ni incorporaron» y al manifiesto «firmado por más de 800 expertos científicos que ha sido obviado por el Gobierno», además de las «más de 650 enmiendas registradas en el Congreso que han sido rechazas sin más».
María Marín, diputada regional de Podemos, es también veterinaria de profesión e integrante del equipo redactor del texto normativo impulsado por la Dirección General de Bienestar Animal del Gobierno central, que siempre ha defendido la ley como «la reforma legal con más calado en derecho animal que se ha afrontado en la democracia en nuestro país».
Califica la futura Ley de Bienestar Animal como un «avance necesario» y exige al PSOE la retirada de la «enmienda de la vergüenza» para que los perros de caza puedan beneficiarse de unas mayores garantías legales «y se termine con su maltrato».
Para Christian de la Fe, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Murcia, la futura ley, tal y como está redactada, puede ser un obstáculo para el manejo de especies con fines científicos. «Sin los conocimientos y condiciones necesarias, no se puede tener cualquier especie en casa, pero el texto actual podría poner en jaque la labor fundamental que realizan muchas personas e instituciones para la cría en cautividad y conservación de determinadas especies, muchas en peligro de extinción, como el urogallo, la cerceta pardilla y un largo etc. Individuos que son incluso utilizados para la reintroducción en la naturaleza, en muchos casos, colaborando directamente con las administraciones y los científicos».
«En la misma línea, supeditar la labor de los centros zoológicos solo a las especies autóctonas podría limitar el cometido educativo y de conservación que desarrollan. Por ejemplo, desde la UMU colaboramos con otras instituciones nacionales e internacionales, bajo la coordinación científica de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, en programas de conservación de gacelas norteafricanas, amenazadas en la naturaleza, para su reintroducción en su hábitat. O, sin ir más lejos, la recuperación del lince ibérico, algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, que ha requerido del trabajo previo con otras especies. Con la redacción actual, participar en este tipo de programas podría ser muy complejo».
«Es evidente que todos queremos que se respeten los derechos de los animales y que éstos dispongan de las condiciones necesarias para su bienestar. Este tipo de normativas son muy complejas y a mi juicio, difíciles de aplicar, lo que puede resultar perjudicial para el objetivo que se persigue. Podría fomentar, a pequeña escala, la suelta indiscriminada de individuos ‘ilegales’ en la naturaleza con el impacto que puede ocasionar en la fauna autóctona, y a mayor escala, el comercio y tráfico clandestino.